-Información.
Carmen Reinhart (La Habana, 1955), del Peterson Institute, es una de las economistas más influyentes. Coautora de Esta vez es diferente junto a Kenneth Rogoff, en la reunión del Círculo de Economía, en Sitges, advirtió de que España está demorando su salida de la crisis al no reestructurar su deuda privada. Incluso avisó de que la situación podría agravarse si la deuda del sector financiero acaba en manos del Estado.
Pregunta. España lleva casi cinco años de crisis y tras volver a la recesión el problema financiero se agrava. ¿Cuánto nos queda?
Respuesta. En general, las economías avanzadas no han visto algo así desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Y esto todavía no se ha resuelto, queda mucho por delante, porque el proceso de desendeudamiento privado dura entre siete y diez años desde el momento en el que el país empieza a desendeudarse. En España ese proceso todavía está comenzando. No se acumula deuda nueva, pero como el PIB sigue debilitándose no vemos una caída importante de la deuda en relación al PIB ni en España ni en casi ningún país europeo.
P. La inyección de fondos que requiere Bankia ha desbordado las previsiones del Gobierno sobre las necesidades de la banca. ¿Tiene capacidad España para asumir esa cantidad o debe acudir al fondo de rescate europeo?
R. En Irlanda, pero también en Estados Unidos cuando cayeron Fannie Mae y Freddie Mac, hemos visto cómo una crisis bancaria se convierte en una crisis de deuda pública, porque las deudas que estaban en manos del sector privado pasan al público. Lo que me preocupa mucho es que España quiere hacer el saneamiento sin realizar quitas. Hay que tener en cuenta que la posibilidad de repago de la mayoría de deudas no es del 100%, sino de una fracción por la caída en los precios de los bienes raíces. España, como otros países avanzados, tiene un problema serio: todavía no acaba de reconocer abiertamente la magnitud de las quitas que se deben hacer en la deuda de las instituciones financieras.
P. ¿Sugiere una reestructuración de la deuda privada?
R. En la resolución de varias crisis de deuda de países emergentes hubo ventas por liquidación, con descuentos enormes en los activos. No es un proceso bonito, pero sí eficaz para reducir la deuda privada. En España todavía estamos muy cautelosos, demasiado tentativos en admitir la necesidad de este tipo de recortes en la deuda privada para reflejar el valor de mercado de los activos.
P. El Gobierno ha exigido solo este año unos saneamientos por 84.000 millones a la banca española. ¿Eso es insuficiente?
R. Yo hablo de la necesidad de cortar y revaluar los niveles de deuda que existen. Todavía hay mucha resistencia, y cuando eso ocurre, el Gobierno va asumiendo poco a poco las deudas privadas a precios sobrevalorados, es decir, a precio de libro y no de mercado. Y así no resuelve el problema privado, sino que lo transfiere al sector público.
P. ¿Esa reestructuración no aceleraría la salida de capitales?
R. La van a tener de todos modos. La cuestión es si con mayor o menor rapidez. Cuando se disfraza el problema para hacerlo menor de lo que es, la fuga tal vez no es tan rápida, pero sigue, porque no hay un regreso de la confianza. Desafortunadamente, en España, como en casi todos los países avanzados, saben que las deudas son enormes y que los precios de los activos no van a regresar a los niveles precrisis, pero no quieren aceptar abiertamente el recorte necesario. Cuanto más tarden en admitir esas pérdidas, más largo será el proceso de recuperación.
P. ¿Qué posibilidad hay de que España acabe pidiendo el rescate de Bruselas?
R. España va a recibir apoyo, y de hecho ya lo está recibiendo. Sus bancos lo tienen a través de varios mecanismos. Pero esa posibilidad aumenta a medida que las respuestas políticas no son más agresivas. España comienza este proceso con una deuda pública muy moderada. El problema no era fiscal, como en Grecia e Italia, pero ahora el riesgo de migración de la deuda privada al sector público es muy real. Si cada vez se socializan más las pérdidas del sector financiero, no está muy lejos de que empiece la crisis de la deuda pública y que esta llegue a niveles más alarmantes.
P. ¿Ve otros riesgos?
R. Entendemos bien la situación de la deuda pública a nivel central, pero en el nivel de las comunidades es aún algo misterioso. Eso no solo ocurre en España, también en Illinois y California hay deuda que no está en los libros, como retrasos a proveedores o empleados. Así que en España hay muchos riesgos que, sin un esfuerzo en recortes agresivos en la deuda privada, pueden llevar al Gobierno a tener los problemas de deuda de Irlanda.
P. Paul Krugman ha vaticinado incluso un corralito. ¿Eso es ponerse en el peor de los casos?
R. En un escenario en el que Grecia sale del euro de forma bastante desordenada va a haber fugas de capitales de todos los países de periferia de Europa, incluyendo España. Hay que estar preparado para corridas.
P. Ese era el peor de los escenarios hace apenas un año...
R. Era casi impensable, pero recordemos: primero Grecia no era un problema del FMI, sino europeo y bastaba con un programa de austeridad y luego no necesitaba una reestructuración que se acabó aceptando, pero mínima. Ahora se llega a la conclusión que ese mínimo tampoco era suficiente, y la posibilidad de que haya una salida abrupta del euro es un escenario razonable. El rezago de la realidad es impresionante, y también se está produciendo en España. Medidas como el apoyo de liquidez, apuntalar a los bancos, ayudan, pero hay que distinguir entre lo que es la solución y tirar la pelota hacia delante.
Se trata de un extraño estado de cosas solo seis meses después de las elecciones generales. Además de lo que pueda hacer Europa respecto a la crisis financiera, hay que restablecer rápidamente el normal funcionamiento de las instituciones en España.
Es evidente que el Ejecutivo actual da sensación de desbordamiento. Los resultados quedan lejos de las promesas electorales del PP, que había ofrecido su llegada al poder como elemento suficiente para provocar un cambio radical de tendencia. Rajoy dispone de mayoría absoluta y cuenta con la legitimidad emanada de las urnas, pero él mismo ha tenido sobrada ocasión de comprobar que eso no le basta para sacar al país de la crisis. Se necesitan más ayudas, incluidas las de los mejores expertos, la del primer partido de la oposición y, probablemente, las de CiU y PNV, que son corrientes políticas centrales en sus respectivas autonomías. Para contener el deterioro institucional, les toca pactar.
Particular importancia reviste la cuestión del Banco de España. No solo por la crisis del sistema financiero, sino por el empeño del PP en atacar al gobernador dimisionario y en persistir en el error de que basta un cambio de personas para recuperar “el prestigio perdido”. Esa estrecha mentalidad partidista sobra por completo y el jefe del Gobierno debería haberla cortado. No se trata de colocar a un amigo en el Banco de España, sino al más competente. Todo ello sin perder de vista el incierto camino esbozado por la Comisión Europea y por el presidente del BCE, en el sentido de constituir un sistema bancario a escala europea y centralizar la autoridad encargada de su control. La realización de esa hipótesis implicaría una cesión importante de soberanía nacional, cuando aún no ha emergido un poder económico europeo, pero en todo caso es una cuestión que implica a más de un partido político.
En el caso del Poder Judicial, se alude al consenso PSOE-PP, que precedió al nombramiento de los actuales consejeros y de su presidente, Carlos Dívar, como la prueba de un fracaso de los partidos. Una vez más, es necesario matizar: cuando se descubre que la solución adoptada ha devenido en un fiasco, a ellos les toca rectificar y alumbrar otra más competente. Algo similar puede decirse del Tribunal Constitucional, algunos de cuyos miembros llevan años con el mandato caducado y han amenazado con tomar “medidas drásticas” si no se les renueva. Puesto que tales nombramientos corresponden legalmente a las cámaras parlamentarias, es exigible que resuelvan de una vez. El propio Congreso de los Diputados mantiene un perfil general demasiado bajo, con la mayoría resignada al papel de correa de transmisión del Gobierno, sin abordar los asuntos que más preocupan a la ciudadanía; en especial el de la crisis de Bankia.
Para responder al evidente deterioro institucional se necesita un rearme del sistema democrático. Es difícil concebir a los partidos políticos como el instrumento necesario para corregir lo que ellos mismos se han encargado de llevar tan mal, pero eso es lo que les toca. Las urnas les legitiman y deben demostrar que son capaces de restablecer el prestigio de las instituciones, como primer paso para recuperar esa confianza que se va cuarteando en el proyecto de España.
Pregunta. España lleva casi cinco años de crisis y tras volver a la recesión el problema financiero se agrava. ¿Cuánto nos queda?
Respuesta. En general, las economías avanzadas no han visto algo así desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Y esto todavía no se ha resuelto, queda mucho por delante, porque el proceso de desendeudamiento privado dura entre siete y diez años desde el momento en el que el país empieza a desendeudarse. En España ese proceso todavía está comenzando. No se acumula deuda nueva, pero como el PIB sigue debilitándose no vemos una caída importante de la deuda en relación al PIB ni en España ni en casi ningún país europeo.
P. La inyección de fondos que requiere Bankia ha desbordado las previsiones del Gobierno sobre las necesidades de la banca. ¿Tiene capacidad España para asumir esa cantidad o debe acudir al fondo de rescate europeo?
R. En Irlanda, pero también en Estados Unidos cuando cayeron Fannie Mae y Freddie Mac, hemos visto cómo una crisis bancaria se convierte en una crisis de deuda pública, porque las deudas que estaban en manos del sector privado pasan al público. Lo que me preocupa mucho es que España quiere hacer el saneamiento sin realizar quitas. Hay que tener en cuenta que la posibilidad de repago de la mayoría de deudas no es del 100%, sino de una fracción por la caída en los precios de los bienes raíces. España, como otros países avanzados, tiene un problema serio: todavía no acaba de reconocer abiertamente la magnitud de las quitas que se deben hacer en la deuda de las instituciones financieras.
P. ¿Sugiere una reestructuración de la deuda privada?
R. En la resolución de varias crisis de deuda de países emergentes hubo ventas por liquidación, con descuentos enormes en los activos. No es un proceso bonito, pero sí eficaz para reducir la deuda privada. En España todavía estamos muy cautelosos, demasiado tentativos en admitir la necesidad de este tipo de recortes en la deuda privada para reflejar el valor de mercado de los activos.
P. El Gobierno ha exigido solo este año unos saneamientos por 84.000 millones a la banca española. ¿Eso es insuficiente?
R. Yo hablo de la necesidad de cortar y revaluar los niveles de deuda que existen. Todavía hay mucha resistencia, y cuando eso ocurre, el Gobierno va asumiendo poco a poco las deudas privadas a precios sobrevalorados, es decir, a precio de libro y no de mercado. Y así no resuelve el problema privado, sino que lo transfiere al sector público.
P. ¿Esa reestructuración no aceleraría la salida de capitales?
R. La van a tener de todos modos. La cuestión es si con mayor o menor rapidez. Cuando se disfraza el problema para hacerlo menor de lo que es, la fuga tal vez no es tan rápida, pero sigue, porque no hay un regreso de la confianza. Desafortunadamente, en España, como en casi todos los países avanzados, saben que las deudas son enormes y que los precios de los activos no van a regresar a los niveles precrisis, pero no quieren aceptar abiertamente el recorte necesario. Cuanto más tarden en admitir esas pérdidas, más largo será el proceso de recuperación.
P. ¿Qué posibilidad hay de que España acabe pidiendo el rescate de Bruselas?
R. España va a recibir apoyo, y de hecho ya lo está recibiendo. Sus bancos lo tienen a través de varios mecanismos. Pero esa posibilidad aumenta a medida que las respuestas políticas no son más agresivas. España comienza este proceso con una deuda pública muy moderada. El problema no era fiscal, como en Grecia e Italia, pero ahora el riesgo de migración de la deuda privada al sector público es muy real. Si cada vez se socializan más las pérdidas del sector financiero, no está muy lejos de que empiece la crisis de la deuda pública y que esta llegue a niveles más alarmantes.
P. ¿Ve otros riesgos?
R. Entendemos bien la situación de la deuda pública a nivel central, pero en el nivel de las comunidades es aún algo misterioso. Eso no solo ocurre en España, también en Illinois y California hay deuda que no está en los libros, como retrasos a proveedores o empleados. Así que en España hay muchos riesgos que, sin un esfuerzo en recortes agresivos en la deuda privada, pueden llevar al Gobierno a tener los problemas de deuda de Irlanda.
P. Paul Krugman ha vaticinado incluso un corralito. ¿Eso es ponerse en el peor de los casos?
R. En un escenario en el que Grecia sale del euro de forma bastante desordenada va a haber fugas de capitales de todos los países de periferia de Europa, incluyendo España. Hay que estar preparado para corridas.
P. Ese era el peor de los escenarios hace apenas un año...
R. Era casi impensable, pero recordemos: primero Grecia no era un problema del FMI, sino europeo y bastaba con un programa de austeridad y luego no necesitaba una reestructuración que se acabó aceptando, pero mínima. Ahora se llega a la conclusión que ese mínimo tampoco era suficiente, y la posibilidad de que haya una salida abrupta del euro es un escenario razonable. El rezago de la realidad es impresionante, y también se está produciendo en España. Medidas como el apoyo de liquidez, apuntalar a los bancos, ayudan, pero hay que distinguir entre lo que es la solución y tirar la pelota hacia delante.
- Opinión:
La violencia de la crisis financiera en España y las críticas al Gobierno de Rajoy por parte de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE) incrementan la sensación de deterioro de las instituciones en España. No se ve salida a la crisis del euro, surgen dificultades serias en varios de los órganos sobre los que se asienta el entramado institucional del país y se corre el riesgo de que aumente la desconfianza política.Se trata de un extraño estado de cosas solo seis meses después de las elecciones generales. Además de lo que pueda hacer Europa respecto a la crisis financiera, hay que restablecer rápidamente el normal funcionamiento de las instituciones en España.
Es evidente que el Ejecutivo actual da sensación de desbordamiento. Los resultados quedan lejos de las promesas electorales del PP, que había ofrecido su llegada al poder como elemento suficiente para provocar un cambio radical de tendencia. Rajoy dispone de mayoría absoluta y cuenta con la legitimidad emanada de las urnas, pero él mismo ha tenido sobrada ocasión de comprobar que eso no le basta para sacar al país de la crisis. Se necesitan más ayudas, incluidas las de los mejores expertos, la del primer partido de la oposición y, probablemente, las de CiU y PNV, que son corrientes políticas centrales en sus respectivas autonomías. Para contener el deterioro institucional, les toca pactar.
Particular importancia reviste la cuestión del Banco de España. No solo por la crisis del sistema financiero, sino por el empeño del PP en atacar al gobernador dimisionario y en persistir en el error de que basta un cambio de personas para recuperar “el prestigio perdido”. Esa estrecha mentalidad partidista sobra por completo y el jefe del Gobierno debería haberla cortado. No se trata de colocar a un amigo en el Banco de España, sino al más competente. Todo ello sin perder de vista el incierto camino esbozado por la Comisión Europea y por el presidente del BCE, en el sentido de constituir un sistema bancario a escala europea y centralizar la autoridad encargada de su control. La realización de esa hipótesis implicaría una cesión importante de soberanía nacional, cuando aún no ha emergido un poder económico europeo, pero en todo caso es una cuestión que implica a más de un partido político.
En el caso del Poder Judicial, se alude al consenso PSOE-PP, que precedió al nombramiento de los actuales consejeros y de su presidente, Carlos Dívar, como la prueba de un fracaso de los partidos. Una vez más, es necesario matizar: cuando se descubre que la solución adoptada ha devenido en un fiasco, a ellos les toca rectificar y alumbrar otra más competente. Algo similar puede decirse del Tribunal Constitucional, algunos de cuyos miembros llevan años con el mandato caducado y han amenazado con tomar “medidas drásticas” si no se les renueva. Puesto que tales nombramientos corresponden legalmente a las cámaras parlamentarias, es exigible que resuelvan de una vez. El propio Congreso de los Diputados mantiene un perfil general demasiado bajo, con la mayoría resignada al papel de correa de transmisión del Gobierno, sin abordar los asuntos que más preocupan a la ciudadanía; en especial el de la crisis de Bankia.
Para responder al evidente deterioro institucional se necesita un rearme del sistema democrático. Es difícil concebir a los partidos políticos como el instrumento necesario para corregir lo que ellos mismos se han encargado de llevar tan mal, pero eso es lo que les toca. Las urnas les legitiman y deben demostrar que son capaces de restablecer el prestigio de las instituciones, como primer paso para recuperar esa confianza que se va cuarteando en el proyecto de España.
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